Algo pasa en Nicaragua... una nota de Gioconda Belli

Hace ya rato, por medios que no son "los medios", se escuchan y leen cosas acerca de lo que pasa en Nicaragua con los esfuerzos del gobierno por callar a todo el que le resulte una amenaza...

Ayer, la poetisa Gioconda Belli hizo circular un mensaje de alerta ante los ataques de que ha sido objeto el periodista Carlos Fernando Chamorro, hijo del también periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por la dictadura de Somoza. La nota en cuestión, la pueden leer aquí.

Transcribo a continuación, un recuento de los hechos también de la autoría de Belli:


EL PERIODISTA CARLOS FERNANDO CHAMORRO BAJO EL ATAQUE DE ORTEGA

1. El presidente de Nicaragua Daniel Ortega se ha empeñado en una
campaña de concentración personal de poder para apuntalar un proyecto
político autoritario de largo plazo, a pesar de que fue electo con
solamente el 38% de los votos en virtud de un pacto realizado en el
ano 2,000 con el ex presidente Arnoldo Alemán, quien enfrenta una
sentencia judicial de veinte años de cárcel por corrupción pública.
Ese mismo arreglo le permite a Ortega, aún representando una minoría
política, ejercer control sobre la Asamblea Nacional, la Corte Suprema
de Justicia, el Consejo Supremo Electora y la Contraloría General de
la República, mientras crecen la represión y la corrupción.

2. El mayor obstáculo para consolidar una dictadura institucional a
largo plazo, que prevé la reforma constitucional que permita
reelección presidencial, radica en la resistencia que ejercen los
medios de comunicación independientes, organizaciones de la sociedad
civil, gremios, organizaciones de mujeres, periodistas, líderes
cívicos, y dirigentes políticos democráticos. En los últimos veinte
meses, el régimen de Ortega ha escalado sus ataques contra estos
sectores, pasando de la agresión verbal a la represión.

3. Entre las víctimas de la represión están los partidos Movimiento de
Renovación Sandinista (MRS) y Partido Conservador (PC), cuyas
personerías políticas fueron canceladas; los periódicos La Prensa y El
Nuevo Diario, sometidos a juicios, presiones económicas y ataques
denigratorios; los cantautores Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy,
despojados de sus derechos de autor; el sacerdote y poeta Ernesto
Cardenal, perseguido judicialmente; la dirigente del movimiento de
mujeres, Sofía Montenegro, amenazada en su integridad física; el
comentarista Jaime Arellano, cuyo programa televisivo fue suspendido
en Canal 2, por las presiones del gobierno; y muchos otros críticos
del régimen, que son sometidos a una brutal campaña intimidatoria.

4. En junio del año pasado, el periodista Carlos Fernando Chamorro,
Director del programa de televisión Esta Semana, presentó una
investigación periodística demostrando el primer gran caso de
corrupción en el gobierno de Ortega: una millonaria extorsión
extrajudicial fraguada desde la Secretaría del partido FSLN, donde
también opera la Casa Presidencial. La Fiscalía enterró el caso en la
impunidad; el empresario que denunció la extorsión fue condenado por
injurias y calumnias, y el diputado Alejandro Bolaños, que respaldó la
denuncia, fue despojado arbitrariamente de su escaño legislativo. En
tanto Chamorro fue sometido a una campaña de difamación en la
televisión y la radio oficial, atribuyéndole delitos como "asociación
para delinquir, narcotraficante, agresor de campesinos y mafioso
roba-tierras".

5. Ahora, nuevamente Chamorro, y el Centro de Investigación de la
Comunicación, CINCO, una ONG que dirige, están bajo ataque del
gobierno. CINCO es un centro especializado en medios de comunicación,
democracia, actores sociales, y cultura política, que desde 1995 ha
producido más de 26 estudios e investigaciones. Además, CINCO apoya
programas de periodismo investigativo y capacitación a medios de
comunicación independientes bajo la dirección de Chamorro: Esta Semana
(TV), Esta Noche (TV), el semanario Confidencial y el programa radial
Onda Local.

6. En septiembre de este año el Ministerio de Gobernación señaló a
CINCO de ser sospechosa de "triangulación" y "lavado de dinero". Según
el gobierno, el supuesto delito se deriva de un convenio suscrito en
el 2007, entre CINCO —que cuenta con personería jurídica— y el
Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) —que en su condición de
movimiento social no cuenta con personería jurídica— para aplicar al
Fondo Común para la Gobernabilidad Democrática, bajo la administración
de la ONG OXFAM Gran Bretaña. Las bases de dicho Fondo permiten la
conformación de esta clase de alianzas, y diversas organizaciones han
suscrito más de 30 convenios de esta naturaleza, sin que el gobierno
de Ortega presentara ninguna objeción legal o cuestionamiento, hasta
hace unas semanas cuando los medios oficiales que dirige la Primera
Dama Rosario Murillo lo denigraron como "El fondo satánico" y "Los
fondos del mal".

7. El objetivo específico del convenio OXFAM-MAM-CINCO es financiar un
proyecto para el "Fortalecimiento Organizacional y de la Acción
Política del Movimiento Autónomo de Mujeres", con el propósito de
promover "la ciudadanía plena de las mujeres". Sin embargo, bajo la
nueva política oficial que pretende ilegalizar a la sociedad civil, el
gobierno alega que la actividad política es una prerrogativa exclusiva
de los partidos políticos, y por lo tanto acusa a CINCO, MAM y OXFAM,
de promover planes de desestabilización política financiados con
fondos extranjeros.

8. El 2 de octubre, los miembros de la Junta Directiva de CINCO,
encabezados por su presidente, Carlos F. Chamorro, fueron interrogados
durante varias horas por la Fiscalía. No obstante, la Fiscalía no ha
presentado las bases formales de la investigación y alega que procede
"de oficio", en base a la presunción de lavado de dinero, un delito
penal que se castiga con cinco a siete años de cárcel. En su
declaración ante la Fiscalía, Chamorro demandó que se cite a declarar
a los representantes de los ocho gobiernos europeos que financian el
Fondo Común, "para que estos certifiquen el origen lícito de los
fondos, de lo contrario le toca probar al gobierno que estos recursos
provienen de la mafia, el narcotráfico o el terrorismo, para
justificar su acusación de lavado de dinero".

9. Al concluir el extenso interrogatorio, Chamorro declaró a la
prensa: "al no existir una base legal sobre esta investigación, tengo
la convicción de que el gobierno está intentando armar un caso
jurídico para justificar una acción de represalia política, que ya fue
decidida en las más altas esferas del poder, contra CINCO y sus
directivos, así como contra periodistas, medios de comunicación, y
organizaciones de la sociedad civil, que en base a sus derechos
constitucionales ejercen una labor crítica sobre la gestión del
gobierno."

10. Los ataques contra Chamorro y CINCO, tienen una doble connotación.
Por un lado, se ataca directamente el derecho de libertad de expresión
y se pretende callar a un periodista que dirige medios de comunicación
independientes de gran credibilidad en el país. Y paralelamente, se
atenta contra el derecho de asociación de los ciudadanos, al pretender
ilegalizar a movimientos sociales y ONG. Se trata de un caso de máxima
gravedad, pues bajo el pretexto de violación a la ley penal, o de mal
uso de fondos externos, el gobierno pretende establecer un precedente
para justificar el control de la sociedad civil y las donaciones
externas. En el fondo, lo que está en juego, es el derecho de los
ciudadanos a asociarse, informarse, movilizarse y expresar sus
opiniones en completa libertad, versus el proyecto estatal de una
sociedad servil que obedezca, y calle, para imponer un modelo
absolutista financiado con los fondos millonarios de la cooperación
venezolana.